Southern Border - Yesterday, the Southern Border Communities Coalition (SBCC) and the Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) submitted a report to the United Nations Human Rights Council on U.S. Customs and Border Protection (CBP)’s continued human rights abuses at Open Air Detention Sites as part of the United Nations Universal Periodic Review of the United States.
Every five years, members of the UN Human Rights Council (HRC) review all member countries’ human rights records in a unique process known as Universal Periodic Review. SBCC and CHRCL submitted a joint report to the UN as part of this process to urge the Council to hold the United States accountable for CBP’s continued human rights abuses, including Open Air Detention along the southern border. As part of this process, SBCC and CHRCL also joined a coalition of two dozen immigrants’ rights groups urging action on the deteriorating human rights situation for migrants in the United States.
On March 19, 2025, media reported that the Trump Administration may expand open air detention along the border in New Mexico, Arizona, and California by having the military “take control of a buffer zone along a sprawling stretch of the southern border and empower[ing] active-duty U.S. troops to temporarily hold migrants who cross into the United States” along the Roosevelt Reservation, a narrow 60-foot stretch of land controlled by the federal government but historically managed by the Department of the Interior.
Since 2023, SBCC has documented, and members have provided aid at, and advocated against Open Air Detention Sites at the US-Mexico border. In 2024, CHRCL conducted multiple monitoring visits to the sites in its capacity as co-counsel in the Flores Settlement Agreement that governs conditions for children in U.S. government custody. The visits led Flores Counsel to successfully file for enforcement of the Agreement with respect to OADS in February of 2024.
“We reject military occupation and the Administration’s attempts to normalize open air detention,” said Ricky Garza, Border Policy Counsel for the Southern Border Communities Coalition. “Human rights law is clear that all people must be treated with dignity and respect regardless of immigration status.”
“The cruelty of forcing asylum-seekers - many of whom have fled unimaginable horrors - into squalid, virtually unsheltered sites along the border is self-evident,” said Sergio Perez, Executive Director of the Center for Human Rights and Constitutional Law. “No human being, least of all pregnant persons and vulnerable children, should be subjected to these inhumane conditions. There is no possible justification for such deplorable treatment, and we call on the United Nations to hold the U.S. accountable for violating its human rights treaty obligations and failing to properly care for people seeking a better life.”
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ABOUT THE SOUTHERN BORDER COMMUNITIES COALITION:
The Southern Border Communities Coalition (SBCC) brings together organizations from San Diego, California to Brownsville, Texas, to ensure that border enforcement policies and practices are accountable and fair, respect human dignity and human rights, and prevent the loss of life in the region.
ABOUT THE CENTER FOR HUMAN RIGHTS AND CONSTITUTIONAL LAW:
The Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) is a legal non-profit committed to protecting and advancing the rights of immigrants through legal action, advocacy, and education. Through impact litigation, we challenge unlawful immigration policies to drive systemic change and establish stronger legal protections for immigrants. At the local, state, and federal levels, we advocate for fair and humane policies that uphold the rights of all immigrants.
La Coalición de Comunidades de la Frontera Sur y el Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional Condenan Abusos de CBP y Violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos según Nuevo Informe de la ONU
Frontera Sur - Ayer, la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC, y por sus siglas en inglés) y el Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional (CHRCL, por sus siglas en inglés) presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los continuos abusos a los derechos humanos por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en los sitios de Detención al Aire Libre, como parte del Examen Periódico Universal de Estados Unidos ante la ONU.
Cada cinco años, los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (CDH) revisan los antecedentes en materia de derechos humanos de todos los países miembros en un proceso único conocido como el Examen Periódico Universal. La SBCC y el CHRCL presentaron un informe conjunto ante la ONU como parte de este proceso, para instar al Consejo a que responsabilice a Estados Unidos por los continuos abusos a los derechos humanos cometidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), incluyendo la Detención al Aire Libre a lo largo de la frontera sur. Como parte de este proceso, la SBCC y el CHRCL también se unieron a una coalición de unas dos docenas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes que exhortan a tomar medidas ante el deterioro de la situación de derechos humanos para las personas migrantes en Estados Unidos.
El 19 de marzo de 2025, los medios de comunicación informaron que la Administración Trump podría expandir la detención al aire libre a lo largo de la frontera en Nuevo México, Arizona y California, permitiendo que el ejército “tome el control de una zona de amortiguamiento a lo largo de un extenso tramo de la frontera sur y autorice a tropas activas de EE.UU. a detener temporalmente a personas migrantes que crucen hacia Estados Unidos,” en la Reserva Roosevelt, una franja estrecha de 60 pies de terreno controlada por el gobierno federal pero históricamente administrada por el Departamento del Interior.
Desde 2023, SBCC ha documentado, brindado ayuda, y abogado en contra de los Sitios de Detención al Aire Libre en la frontera entre Estados Unidos y México. En 2024, el CHRCL, realizó múltiples visitas de monitoreo a estos sitios en su calidad de co-abogado en el Acuerdo de Concillación Flores, que regula la condiciones de los menores bajo custodia del gobierno de EE.UU. Estas visitas llevaron a que los abogados del caso Flores presentaran con éxito una solicitud de cumplimiento del Acuerdo en relación con los Sitios de Detención al Aire Libre en febrero de 2024.
“Rechazamos la ocupación militar y los intentos de la Administración por normalizar la detención al aire libre,” dijo Ricky Garza, abogado de políticas fronterizas de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur. “El derecho internacional de los derechos humanos es claro: todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, sin importar su estatus migratorio.”
“La crueldad de obligar a solicitantes de asilo - muchos de lo cuales han huido de horrores inimaginables- a permanecer en sitios deplorables y prácticamente sin refugio a lo largo de la frontera es evidente,” dijo Sergio Pérez, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional. “Ningún ser humano, y mucho menos personas embarazadas y niños vulnerables, debería ser sometido a estas condiciones inhumanas. No existe justificación alguna para un trato tan deplorable, y hacemos un llamado a las Naciones Unidas para que responsabilicen a Estados Unidos por violar sus obligaciones en tratados de derechos humanos y por no brindar el cuidado adecuado a quienes buscan una vida mejor.”
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SOBRE LA SOUTHERN BORDER COMMUNITIES COALITION (COALICIÓN DE COMUNIDADES DE LA FRONTERA SUR):
La Southern Border Communities Coalition (SBCC) reúne organizaciones desde San Diego, California hasta Brownsville, Texas, para garantizar que las políticas y prácticas de aplicación fronteriza sean responsables y justas, respeten la dignidad y los derechos humanos, y prevengan la pérdida de vidas en la región.
SOBRE EL CENTRO PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL:
El Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional (CHRCL) es una organización legal sin fines de lucro comprometida con la protección y el avance de los derechos de las personas inmigrantes a través de acciones legales, defensa e iniciativas educativas. Mediante litigios de impacto, desafiamos políticas migratorias ilegales para impulsar cambios sistémicos y establecer protecciones legales más sólidas para las personas inmigrantes. A nivel local, estatal y federal, abogamos por políticas justas y humanas que respeten los derechos de todos los inmigrantes.